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La Ley de Extinción de Dominio

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio.- La Procuraduría General de la República (PGR) inició, entre 2009 y 2012, 29 juicios de extinción de dominio para decomisar sus propiedades a personas relacionadas con delitos federales.

Los procesos que se realizan actualmente son para reclamar a favor del Estado, desde dinero y vehículos, hasta bienes inmuebles como casas y departamentos.

La Ley Federal de Extinción de Dominio entró en vigor hace cuatro años, el 9 de mayo de 2009, en donde se define esta medida como “la pérdida de los derechos sobre los bienes sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal”.

Para su aplicación se establece como los bienes susceptibles de su aplicación aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, o que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

También podrán ser decomisados, según la ley, los bienes que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo.

La norma establece que en todos los casos será responsabilidad del Ministerio Público acreditar el origen o uso ilegal del bien, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito.

De acuerdo con informes de la PGR, hasta diciembre del año pasado la dependencia tenía en proceso 29 recursos para decretar la extinción de dominio.

En el año que se promulgó la ley no se inició ningún juicio, en 2010 se abrió el primer proceso; al año siguiente se reclamaron 19 bienes y el año pasado se abrieron nueve procesos.

Según el reporte, la dependencia federal ha obtenido a favor del Estado dos propiedades, ambas con un valor de más de tres millones de pesos, y más de 865 mil pesos en efectivo.


CAUSALES

La Ley de Extinción de Dominio plantea las siguientes causales para la expropiación de bienes:

  1. Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito.
  2. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.
  3. Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes.
  4. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado de los delitos.
  5. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.

FUENTE Excelsior 17 de junio 2013






6/19/2013

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